Educación y Debate Nacional en el Uruguay (1)

Ricardo Viscardi

Resumen


[1] Extracto de la ponencia “Unidad y Debate Nacional en el Uruguay”, Seminario Internacional Educación, Comunicación y Democracia, Universidad Nacional de Entre Ríos, Maestría en Educación, Ushuaia, 1-2 de septiembre 2006.

 

  1. El candombe educativo

                       

 

Se ha desarrollado, a partir de la Convocatoria lanzada desde el Ministerio de Educación y Cultura en abril de 2006, el Debate Educativo en calidad de debate nacional. En el ámbito del Ministerio se ha conformado una Comisión Organizadora del Debate Educativo (CODE), con el propósito de proponer, impulsar y desarrollar las medidas organizativas al respecto. Este Debate Educativo no tiene significación nacional tan sólo porque presente proporciones gubernamentales, sino también porque se propone propiciar la instrucción política, por parte de la ciudadanía, de una Ley de Educación

 

“LLAMAMOS, pues, a todos los colectivos interesados en la educación, tales como asociaciones culturales, profesionales y civiles, sindicatos, productores, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, medios de comunicación, a todos los integrantes de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, ex alumnos, padres de familia, funcionarios), a todas las personas sin distinción de género, edad, etnia o convicciones filosóficas, incluyendo a quienes habitan en las áreas rurales y suburbanas o quienes se encuentran privados de libertad, a que participen activamente en el Debate Educativo, particularmente asistiendo a las asambleas que serán convocadas, haciendo suyo el objetivo de construir solidariamente un Sistema Nacional de Educación que responda a los grandes desafíos de hoy y a los que se presentarán al país en las próximas décadas [1].”

 

Esa concepción de la transformación cultural en tanto efecto de una movilización popular coordinada desde el Estado, supone un desplazamiento de la tradición nacional de la reforma educativa en el mismo país. La tradición de una transformación de la educación pública concebida desde el ámbito gubernamental, puesta en una perspectiva sociológica del quehacer educativo y  proyectada estratégicamente en el desarrollo democrático del país, termina por un retorno sobre el inicio del proceso, en cuanto genera efectos beneficiosos sobre el propio Estado que la propicia. Cierta contradicción entre la significación democrática de la reforma educativa y su iniciativa desde un ámbito político estatal que debiera ser su corolario, que encierra esta perspectiva, adquirió en el caso de la reforma vareliana un sesgo paradójico, en cuanto la trascendencia democrática de la reforma fue propiciada desde una dictadura militar caracterizada por la represión implacable de la disidencia. Esa colaboración indeseada e indirecta con la gestión dictatorial, que al cumplirse cien años de la dictadura de Latorre, celebrara como modelo centenario otro estado de excepción aún más sangriento, fue el reproche más mordiente que se dirigiera a José Pedro Varela, figura tutelar de la reforma educativa uruguaya.

Sin embargo, Varela se identificó como educador y no cómo político[2], desde una perspectiva sociológica que cundió tanto en el plano cultural como en el partidario, generando opinión pública y consenso ideológico favorable por encima de fronteras colectivas. Esta transformación social por lo bajo de un tesoro que se tutela desde lo alto del Estado, es el planteo que revierte el Debate Educativo que desarrolla el actual gobierno de izquierda frenteamplista en el Uruguay.

 

A tal punto llega la neutralización institucional de la política partidaria, que la Comisión Organizadora del Debate Educativo, reclama incluso del conjunto de los partidos políticos la más plena intervención, pero no para la presentación de propuestas programáticas sobre la reforma, sino en calidad de colectivos animadores de una participación generalizada.

 

La CODE envió la semana anterior un pedido a todos los partidos políticos para que estos participen en el debate educativo. Brovetto habló con LA REPUBLICA como presidente del Frente Amplio (FA), y dijo que su partido planteará el pedido de la CODE en la mesa política, la cual "lo analizará en las próximas semanas". Brovetto explicó que la idea del FA es que "se integren al debate las bases en Montevideo e interior". El secretario de Estado explicó que "no se debe entender el pedido de la CODE, como el pedido de participación de los políticos, sino de los militantes de las fuerzas políticas para incrementar la discusión en el debate"[3].

 

La incorporación microfísica del debate educativo, incluso puesto en perspectiva mundialista, supone una integridad sociológica entre sí de la participación y la pertenencia, ajuste característico de la regulación institucional de los desequilibrios estratégicos. Esa perspectiva latente se manifestó en la alarma que  ganó a la misma Comisión Organizadora del Debate Educativo (CODE), ante la escasa participación ciudadana en sus iniciativas, que desde entonces incorporan a la convocatoria incluso la fibra carnavalera de los ciudadanos para difundir un debate tan desfalleciente como prestigioso.

 

“Ayer la comparsa "La Jacinta" se colgó los tambores y salió a todo repique, chico, y piano apoyando el debate educativo por el barrio Jacinto Vera. Partieron desde el Liceo 26 hasta el club Victoria. Ayer se apostó a la difusión del debate educativo hacia la población, después de los bajos índices de participación en Montevideo[4]. ”

 

El Estado uruguayo devuelve en el filón de la comunidad el metal precioso del saber educativo, para que el cuerpo social dilucide en qué ley de moneda legislativa acuñar el saber infuso en la sociedad. El descubrimiento de este tesoro que ignora el propio organismo que lo detenta exige un ejercicio de auto-transparencia, que constituye uno de los propósitos de emancipación moderna más característicos de la tradición de la Aufklärung, tal como lo ha consignado Vattimo con relación a la “sociedad transparente”[5].

Más allá del planteo cognitivo y la metodología del debate educativo que se instala como su consecuencia, el radicalismo sociológico de la actual reforma educativa uruguaya obedece a condiciones particulares  de reproducción ideológica, por una vía que supone un precepto de reciprocidad orgánica. Este arcano que provee la tradición se encuentra sin embargo en un problemático estado de suspensión, en cuanto el designio de organicidad social puede no encontrarse reflejado en el desestabilizado proceso interno de la sociedad y menos aún en un índice mundialista ajeno ante todo a cualquier organicidad social interna.

 

“La république est l’idée d’un système d’institutions, de lois et des  moeurs qui supprime l’excès démocratique en homogénéisant État et société. L’École, par laquelle l’État fait distribuer en même temps les éléments de la formation des hommes et des citoyens, s’offre tout naturellement comme l’institution propre à réaliser cette idée. Mais il n’y a pas de raisons particulières pour que la distribution des savoirs –mathématiques ou latin, sciences naturelles ou philosophie- forme des citoyens pour la république plus que des conseillers pour les princes ou des clercs au service de Dieu. La distribution des savoirs n’a d’efficacité sociale que dans la mesure où elle est aussi une (re)distribution des positions”[6].

 

La república es la idea de un sistema de instituciones, de leyes y de costumbres que suprime el exceso democrático en cuanto homogeneiza el Estado y la sociedad. La Escuela, por cuyo intermedio  el Estado distribuye por igual los elementos de la formación de los hombres y de los ciudadanos, se presenta de por sí como la institución apropiada para concretar esa idea. Pero no existen razones intrínsecas para que la difusión de los conocimientos –matemáticas o latín, ciencias naturales o filosofía- forme ciudadanos para la república antes que consejeros de los príncipes o clérigos al servicio de Dios. La difusión de los conocimientos no adquiere eficacia social sino en la medida en corresponde asimismo a una (re)distribución de posiciones” (traducción R.V.).

 

 

Puesta en la perspectiva de la redistribución de poderes que supone la transformación educativa democrática,  la integridad republicana encierra asimismo un desafío a las condiciones de desarrollo del país (que sea) en su conjunto, en cuanto a los márgenes de reproducción social y de acumulación económica, como asimismo ante los condicionamientos que la globalización instala en el mismo proceso. Estas determinaciones suponen a su vez un ajuste que difícilmente pueda ser dirimido a través de un debate nacional, si éste no se sostiene asimismo en medidas que lo vinculen a una redistribución del propio poder social.

Una memoria cultural vinculada al ascenso social por la vía educativa constituye, en el caso del Uruguay, un acerbo que subraya la significación estratégica del esfuerzo emprendido por el gobierno de izquierda, en aras de la elaboración democrática de una ley de educación. Pero la centralidad educativa del desarrollo social uruguayo pasado y posible, supone asimismo un cotejo difícil con las actuales condiciones de desarrollo económico y de inserción  internacional del país, incluso por las alternativas en que se encuentra tanto para su integración en el MERCOSUR como ante las presiones de EEUU para obtener condiciones bilaterales de influencia directriz en la región. Desde el punto de vista de los márgenes exigidos por un emprendimiento de tal magnitud, se requiere asimismo una paralela voluntad democrática en el plano de la estrategia económica y de la promoción estructural del saber, campos en los que las disonancias  ganan, al día de hoy,  en diversidad y por consiguiente en amplificación.

 

Constituye una debilidad coyuntural significativa del planteo de reforma educativa, que al tiempo que la misma pretende implantarse por la vía de la participación popular, se encuentre enfrentada con los reclamos de los gremios de la enseñanza pública. Estos últimos se han movilizado de forma ingente contra la actual política económica, incluso a través de varios paros de distinto gremios de docentes y funcionarios. La última de estas medidas gremiales se cumplió el pasado 23 de agosto, con paralización de actividades de funcionarios y docentes de la Universidad de la República por toda la jornada. El informe elaborado por la Comisión Ejecutiva Provisoria de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República reitera la pauta dominante entre los gremios universitarios desde fines de 2005: el gobierno decepciona con relación a la expectativa instalada.

 

 “La propuesta del Poder Ejecutivo no contempla mínimamente la solicitud elevada por la UdelaR y no existe voluntad política de modificar esta situación[7].”

 

En cuanto a las reformas propicias en el campo institucional del saber, las mismas están lejos de configurar una perspectiva prometedora. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, pergeñado con el consenso de todos los partidos políticos en la búsqueda de una integración entre le mundo empresarial, el sistema internacional tecno-científico y las instituciones vernáculas, ha sido rechazado por la Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República en tanto se considera que encierra disposiciones contrarias a la autonomía universitaria[8]. El rector que acaba de ser electo tras un arduo y prolongado cotejo universitario, no ha contado con la mayoría en el orden docente que es el núcleo decisivo para la radicación universitaria de la investigación. Esta oposición ha sido particularmente significativa en algunas de las facultades que cuentan con los cuerpos docentes de mayor dedicación total y que representan por consiguiente los núcleos estratégicos en una perspectiva de desarrollo investigativo.

Ante condiciones de desarrollo contradictorio con esos dos ámbitos –la sustentación económica y la proyección estratégica en el desarrollo- que debieran propiciar la reforma educativa ante la memoria cultural del Uruguay, la dinámica reformista se encuentra contrapuesta a una ausencia manifiesta de voluntad política redistributiva por parte del propio gobierno, con la consiguiente desactivación de los impulsos que permitirían una incorporación de energía democrática.

 

La reversión jerárquica de la iniciativa de propuesta, que se pone en manos del cuerpo social, no deja el dispositivo en el mismo estado, ya que más allá de una nostalgia russoniana que asoma en la condición democrática de la soberanía, el despliegue de la democracia a partir de una iniciativa gubernamental siempre supone una situación paradójica de la relación entre representante y representado. Se instala un pleonasmo en la significación democrática de la educación: mientras la reforma vareliana elaboró su propia legitimidad a través de la validación social de una iniciativa dictatorial, la reforma de la educación bajo gobierno izquierdista pretende fundarse en una asamblea que celebraría la propia ciudadanía[9].

 

La radicalidad democrática del planteo de la reforma educativa frenteamplista no es política, tal como se desarrollara a través de la dictadura de Latorre, sino sociológica, constituyendo un caso paradigmático de auto-transparencia moderna. La consigna ilustrada de  la educación que apela a la emancipación en tanto que efecto sinérgico de distintas reciprocidades ciudadanas, se encuentra sin embargo en el caso del Uruguay ante una carencia de márgenes de viabilidad, incluso en razón de una perspectiva estratégica centrada en el  mercado mundial, con la consiguiente puesta entre paréntesis de una clave anclada en el saber generado en el país. La tradición educativa nacional que se percibe a sí misma a través del desarrollo social, encuentra tanto en la implosión de la democracia representativa como en la explosión tecnológica de la comunicación los elementos de lucidez crítica y de la consiguiente capacidad de propuesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Comisión Organizadora del Debate Educativo “Llamado a la participación ciudadana: convocatoria al debate educativo”, Ministerio de Educación y Cultura, 4 de abril de 2006, Montevideo.

[2] “Yo no soy en mi tierra sino educacionista. Prescindo de la política porque la política compromete el progreso de las Escuelas en que está únicamente la salvación de la República” Discurso de Varela transmitido por Francisco Berra, en Zum Felde, A. (1978) Proceso histórico del Uruguay, Arca, Montevideo, p. 258.

[3] “Creció la participación y se amplió la agenda de temas en debate educativo”, La República, 21/08/06, Montevideo, p.14.

[4] “El debate educativo a todo candombe”, La República, 6/08/06, p.19.

[5] Vattimo, G. (1990) La sociedad transparente, Paidós, Barcelona (ver particularmente el capítulo “Las ciencias humanas y la comunicación”).

[6] Rancière, J. (2005) La haine de la démocratie, La Fabrique, Paris, pp. 76-77.

[7] Secretaría Administrativa de ADUR CENTRAL, correo del 22/06/06.

[8] Resoluciones adoptadas por la Asamblea General del Claustro con fecha del 23 de febrero y 16 marzo de 2005.

[9] “Si tuviéramos que sintetizar el significado de esta gran operación de Política de Estado que es el Debate Educativo, diríamos que permite a todos quienes participan en él, el EMPODERAMIENTO CIUDADANO, la toma de conciencia de nuestro papel en esta sociedad que todos queremos ver “ilustrada y valiente”.” Lockhart,E.http://www.debateducativo.edu.uy/documentos/ENCUENTRO20EDUCATIVO.htm (visitado el 12/08/06).

 

 

 





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FERMENTARIO - Departamento de Historia y Filosofí­a de la Educación. Instituto de Educación. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de la República. Uruguay. ISSN 1688-6151

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